Sanciones por parte de la fiscalía por ausencia a las aulas por COVID

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Sanciones por parte de la fiscalía por ausencia a las aulas por COVID 

Sanciones por parte de la fiscalía por ausencia a las aulas por COVID. Se inicia un debate jurídico, ante uno de los problemas derivado de la pandemia, desde donde los propios colegios serán encargados de aportar la información.

Desde la “imputación de delito, pasando por la pena de prisión hasta, el retiro de la patria potestad”, son algunas de las consecuencias a la que se exponen los progenitores y representantes de los niños que no permitan la asistencia a sus colegios por temor al contagio de sus representados con COVID 19.

Se abre entonces un debate jurídico en el que la Fiscalía General del Estado, unifica criterios sobre cuál será el modo de actuar, tras haber anunciado la semana pasada el inicio de una investigación de casos que carezcan de una justificación solida y clara para la exención, todavía temporal del deber de la asistencia presencial en los colegios. La finalidad es determinar si los representantes de los menores han infringido sus deberes inherentes a la Patria Potestad.

Los gobiernos de las comunidades autónomas

Han fijado una serie de lineamientos sanitarios para que el retorno al nuevo año escolar sea seguro para los alumnos. La Fiscalía hace énfasis que en las edades comprendidas entre los 6 y 16 años de un ciudadano, le persiste el derecho de la escolaridad.

Ante estos nuevos parámetros sanitarios esta obligación es “ineludible” para los padres y representante de los menores. El incumplimiento o desatención de manera injustificada, vulnera los deberes inherentes contemplados en la Patria Potestad, lo que acarreará las respectivas sanciones.

Desde los Colegios se inician los controles

Los planteles tendrán la responsabilidad de comunicar a las comisiones provinciales y/o locales de los casos de absentismo para lo que también deben gestionar los trámites administrativos pertinentes. Solo en ciertos casos específicos, los colegios remitirán una copia del expediente respectivo a la Fiscalía quien estará en la obligación de iniciar una investigación, ponderando para ello las circunstancias de cada caso por separado, valorando una respuesta concreta de los alumnos y sus representantes. Según comunica la Fiscalía General, se tomara en cuenta para estas evaluaciones, la actual condición de pandemia que enfrenta el estado español y el escenario de riesgo derivado del esquema sanitario en el ámbito escolar y familiar.

La Ley

El Código Penal español en su artículo 226, precisa que serán castigados con penas de prisión de entre 3 a 6 meses por el incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar. Además, según sea el caso, el juez podrá imponer una pena especial de inhabilitación para el ejercicio de esa patria potestad o tutela por un periodo de entre 4 a 10 años.

En su artículo 154, el Código Civil español recoge lo deberes de los progenitores respecto a sus hijos, entre los que se encuentra; velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y la procura de una educación integral. Esto implicaría poner los medios y recursos disponibles para que asistan al colegio.

El Posible Delito

El debate jurídico está en sí ese incumplimiento de ese deber es delito. Sobre la base de sentencias previas algunos juristas consideran que para que exista infracción penal se debe valorar la diligencia de los padres en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones (en el caso de que exista una voluntad de desatención), si esta actitud es reincidente y permanente en el tiempo y la acreditación en determinadas circunstancias de salud como por ejemplo, si existe la convivencia con personas en condiciones de riesgo que propicien un peligroso y eventual contagio familiar.

 

 

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