La justicia brasileña ordena la captura de Césare Battisti, un prófugo reclamado por Italia

La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó la detención del italiano exmilitante de izquierdas, Césare Battisti, condenado en Italia por cuatro asesinatos y reclamado en extradición por ese país europeo.

El magistrado Luiz Fux, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), decidió la captura preventiva del italiano después de que la Fiscalía General le pidiera detenerlo “para evitar el riesgo de fuga y asegurar su eventual extradición”, según explicó esta institución.

El italiano vive en Brasil y está condenado a cadena perpetua en su país por cuatro asesinatos cometidos hace unos 40 años, cuando integraba el grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), un brazo de las Brigadas Rojas, uno de los grupos armados más activos durante la ola de violencia política que sacudió a Italia hace cuatro décadas.

La extradición de Battisti fue vetada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva el último día de su mandato en 2010, pero desde su campaña el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha anunciado que abogará porque el italiano sea extraditado a su país, aunque sabe que la decisión está en manos de la Corte.

Un prófugo muy buscado

Battisti fue  condenado en ausencia a cadena perpetua por varios asesinatos cometidos entre 1977 y 1979, actos que él niega, por lo que huyó a Francia y en 2004, cuando este país se disponía a revocar su condición de refugiado político, viajó hacia Brasil, donde permaneció escondido durante tres años. Su huida acabó en Río de Janeiro en marzo de 2007, cuando fue detenido en una operación conjunta de agentes de Brasil, Italia y Francia.

La Corte Suprema autorizó su extradición en 2009 en un fallo no vinculante que dejó la decisión final en manos de Lula cuando era jefe de Estado, quien la rechazó el 31 de diciembre de 2010, el último día de su mandato.

En abril de este año la justicia archivó la última denuncia que había contra el italiano ya que Battisti, durante su permanencia en Brasil tras la decisión de Lula, tuvo dos procesos más: uno por evasión de divisas al intentar cruzar la frontera con Bolivia en octubre de 2017 con 25.000 reales (unos 6.666 dólares) y otro de abril del año pasado por haber declarado una dirección falsa en un documento público.

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