Juzgado de Instrucción 51 de Madrid determina que no hubo prevaricación por parte de Franco

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Franco

Decisión del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid

El día de hoy se determinó que no existían indicios de la comisión del delito de prevaricación administrativa, por parte de José Manuel Franco Pardo, Delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, al haber autorizado la celebración de una multitudinaria manifestación, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, llevada a cabo en fecha 8 de marzo del presente año; y tomando en consideración el riesgo que representaba para la salud de los asistentes, la irrupción del COVID-19 en varios países.

Al respecto, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, determinó el sobreseimiento provisional de la causa, motivado a la falta de pruebas para determinar la comisión del delito antes reseñado, una vez que ese juzgado realizó todas las diligencias investigativas para determinar los hechos.

Argumentos del Juzgado

Según argumentó la Jueza, el delegado no contó con un conocimiento preciso y técnico del riesgo que representaba para la salud de los participantes de las manifestaciones y concentraciones, acudir a los eventos llevados a cabo entre el 5 y el 14 de marzo. Por otra parte, la jurista acotó que Franco no recibió instrucciones de índole sanitario para prohibir la realización de eventos públicos, ni realizó las gestiones pertinentes, a fines de recabar información sanitaria, para suspender los actos. De igual modo, aseguró que ninguna entidad pública o privada o persona física o jurídica, le solicitó al delegado la suspensión de las movilizaciones populares, en razón de la proliferación de la enfermedad.

Para emitir el veredicto, la titular del Juzgado atendió a las declaraciones emitidas por Franco, así como las intervenciones realizadas por 18 testigos, entre los que se encontraban el Secretario General de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, siete funcionarios de la institución, así como 10 promotores de los eventos previstos para ser llevados a cabo a inicios de marzo.

Intervenciones del acusado y testigos

Franco señaló en su comparecencia de este miércoles, que no contaba con elementos para prohibir la realización de la marcha del 8 de marzo, en virtud que la evidencia de la propagación del virus en el país, se hizo patente días después de la celebración del acto. Asimismo, enfatizó que cumplió la Ley en todo momento, al permitir el ejercicio de un derecho fundamental, y no contar con información que otorgara motivos para cancelar su realización.

Los argumentos del delegado, resultaron cónsonos con los expuestos por el Secretario General de la Delegación, el Jefe del Gabinete, Luís María Sanz, y el responsable de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Correas Díaz.

Por su parte, una porción de los convocantes a las manifestaciones que participaron en la audiencia, aseguraron que en ningún momento habían recibido instrucciones precisas, emanadas de las autoridades competentes en la materia, para suspender las diversas actividades convocadas para inicios de marzo, a pesar que algunos de ellos decidieron de oficio, suspender los eventos por la posibilidad de favorecer la transmisión del virus. Sin embargo, otros sostuvieron que habían recibido llamadas por parte de la Delegación del Gobierno, en la cual solicitaban a las organizaciones convocantes, replantearse la realización de los eventos previstos.

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